Las causas de la expulsión de los judíos han dado lugar a un intenso debate historiográfico en el que se han manejado Interpretaciones muy diversas. Se han aducido explicaciones basadas en la presión de la opinión popular antijudía, el odio del pueblo (Américo Castro), o en la animadversión hacia los judíos a causa de la práctica de la usura y de su acumulación de riquezas (Claudio Sánchez Albornoz). También se han esgrimido causas fundamentadas en alineamientos sociales: un episodio de la lucha de clases entre los tradicionales grupos privilegiados nobleza y clero y la burguesía incipiente de los judíos (Henry Kamen) o la expulsión como resultado de la alianza de las oligarquías urbanas antijudías con la Monarquía (Stephen Haliczer). Sin embargo, en aquella época, ni la opinión de las masas populares tenía gran incidencia en las decisiones de la alta política, ni la ecuación judíos = burguesía tiene fundamento, como tampoco la tiene el antagonismo nobleza - judíos, pues muchos hebreos eran administradores de los estados de la aristocracia. Asimismo las oligarquías ciudadanas tampoco tenían la impronta suficiente para imponer una decisión de tanta trascendencia sobre una monarquía autoritaria que, por otro lado, controlaba a los municipios a través de los corregidores.
A pesar de la dificultad de establecer con precisión la razón última que llevó a los Reyes Católicos a la expulsión, tal como reconoció recientemente un congreso de especialistas celebrado en Jerusalén en 1992, hay algunos puntos que parecen bastante asentados en el debate historiográfico actual. Uno seria el hecho de que la iniciativa de la expulsión partió de los inquisidores que pretendían, con tan radical medida, acabar con la "herética pravedad que conllevaba el contacto entre judíos y cristianos".
En segundo lugar, en general, se reconoce un fondo político a esta decisión: constituir un paso más de la monarquía de los Reyes Católicos, en su afán por lograr una mayor cohesión social repetidamente resquebrajada, no lo olvidemos, por los tumultos antijudíos de la década de los años ochenta a partir de la unidad de la fe. En este sentido, Joseph Pérez ha afirmado que Isabel y Fernando esperan que la eliminación del judaísmo facilite la asimilación definitiva y la integración de los conversos en la sociedad española, mientras Luis Suárez ha sostenido que los reyes aspiraban a un máximo religioso concretado en la unidad de la fe católica que habría que interpretar como un elemento de la maduración del poder de la monarquía en la construcción del estado moderno español.
Las cifras de la expulsión han constituido otro tema polémico. Las limitaciones de las fuentes, las conversiones y los retornos dificultan los intentos de precisar el volumen de judíos expulsados. Las cifras globales manejadas tienen un carácter tan dispar que José Hinojosa Montalvo no ha dudado en calificarlas como cifras de la discordia. Reproducimos a continuación algunos cálculos de reconocidos especialistas. Citamos la cantidd de los expulsados, según cada historiador: Yitzhar Baer, calcula de 150.000 a 170.000; Haim Beinart, supone 200.000, Bernard Vicent, de 100.000 a 150.000; Joseph Pérez, de 50.000 a 150.000; A. Domínguez Ortiz, Luis Suárez y Julio Valdeón, coinciden en que fueron 100.000 judíos; Ladero Quesada, más de 90.000, y Jaime Contreras, se mueve entre 70.000 y 90 000.
Como puede observarse, las estimaciones defendidas por los historiadores hebreos son sensiblemente superiores a las cifras de expulsados salidas de las investigaciones de los estudiosos españoles, los cuales, en general, olvidándose de las apreciaciones de los cronistas coetáneos, han extrapolado los resultados de los análisis de padrones fiscales, relaciones fragmentarias de expulsados, contratos de embarque, etc., que ofrecen datos parciales pero documentados. La pérdida demográfica que significó la expulsión no fue excesivamente relevante aproximadamente un 2 por 100 del potencial poblacional conjunto de las coronas de Castilla y Aragón, si aceptamos la cifra de 100.000 judíos expulsados, pero cabe subrayar la desigual incidencia que tuvo en los distintos territorios. En la Corona de Aragón la población hebrea era mucho menor que en la Corona de Castilla y la expulsión sólo supuso una pérdida de 10.000 ó 12.000 habitantes.
En la Corona de Castilla, donde la población judía era más numerosa, las aljamas eran escasas en la zona norte y en Galicia, concentrándose la mayoría de ellas en las dos Castillas, Andalucía y Murcia. El camino del exilio condujo a los judíos castellanos y aragoneses mayoritariamente a Portugal y Navarra, reinos de donde después también serían expulsados, y en menor medida a Flandes, el norte de África, Italia y los territorios mediterráneos del imperio otomano, donde el sultán Bayaceto II dio instrucciones de acogerlos favorablemente. Pero para muchos de ellos el camino del destierro estuvo lleno de penalidades, como las que relata Salomón ben Verga en su crónica Sebet Yehuda.
Las consecuencias económicas de la expulsión han sido muchas veces exageradas, al interpretar que la marcha de los judíos eliminó de la vida social y económica hispana los únicos grupos que podían haber recogido el impulso del primer capitalismo. La situación económico-profesional objetiva de la comunidad hebrea a finales del siglo XV invalida esta interpretación: sólo en las localidades donde los judíos eran numéricamente importantes, los trastornos en el mundo artesanal y de los negocios fueron relevantes. Pero, además de las económicas, no hay que olvidar las repercusiones religiosas de la expulsión: el aumento del número de conversos y falsos conversos y la consolidación de la división social entre cristianos viejos y cristianos nuevos.
El cumplimiento del Edicto de Granada
